Diputadas y diputados de diversas fracciones parlamentarias (Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC) debatieron en tribuna el dictamen que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esta iniciativa busca ampliar el catálogo de delitos en materia de derechos de autor, generando posturas encontradas sobre sus verdaderos alcances legales y su impacto social.
Defensa de la propiedad intelectual y el T-MEC Legisladores de Morena, PVEM y PT defendieron la propuesta argumentando que su objetivo central es dar certeza jurídica, combatir la piratería a escala comercial y armonizar la legislación nacional con el T-MEC. Representantes como Rafaela Vianey García (Morena) y María Luisa Mendoza (PVEM) aclararon que la reforma no pretende sancionar el contenido periodístico, la sátira política ni los memes. El enfoque, sostienen, es proteger el esfuerzo creativo, evitar fraudes digitales y castigar estrictamente la suplantación de identidad institucional con fines de lucro.
Preocupación por la censura y la libertad de expresión En contraste, legisladores del PAN, PRI y MC calificaron la iniciativa como una “ley antimemes” o “ley bozal”. Diputados como César Israel Damián (PAN) y Juan Ignacio Zavala (MC) advirtieron que la vaguedad en la redacción podría utilizarse como herramienta de persecución política. La oposición argumenta que el miedo a una denuncia penal terminará inhibiendo y censurando a creadores de contenido, caricaturistas y ciudadanos.
La controversia del Artículo 403 Bis El centro del debate se ubicó en el artículo 403 Bis de la Ley de Propiedad Industrial. Mientras el bloque oficialista asegura que el texto penaliza la utilización o imitación a escala comercial de identidades gráficas institucionales para inducir al engaño, la oposición exige garantías. El PRI propuso añadir un párrafo específico para blindar explícitamente el trabajo de moneros, periodistas y generadores de parodias, asegurando que la protección de logotipos oficiales no se sobreponga a la libertad de expresión ciudadana.
