La iniciativa es bienintencionada, pero llega tarde. La diputada Francisca Castro Armenta propuso que mujeres víctimas de violencia en Tamaulipas reciban pulseras de pánico como “medida prioritaria”. El dispositivo —que alerta a autoridades ante agresiones— podría salvar vidas, pero ¿acaso no es indignante que la solución sea rastrear a víctimas en lugar de erradicar a los agresores?
Los números no mienten: la violencia es sistémica
- 42 feminicidios en 2022 en Tamaulipas.
- 264 llamadas al 911 por violencia de género en un mes (Victoria, Reynosa, Matamoros).
- 36.4% de mujeres separadas siguen sufriendo agresiones, según el INEGI.
Las pulseras son un recurso desesperado en un sistema que falla en prevención. Funcionan cuando el golpe ya viene, cuando el ex pareja viola órdenes de restricción, cuando el Estado no supo actuar a tiempo. ¿Dónde están las políticas para educar, rehabilitar y sancionar con eficacia?
Geolocalizar el peligro vs. eliminarlo
El proyecto reforma la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero:
- No menciona programas de reeducación para agresores (como los que redujeron reincidencias en Uruguay).
- No amplía refugios o apoyo psicológico gratuito.
- No ataca la impunidad: solo el 10% de feminicidios en México termina en condena.
Las pulseras son un parche tecnológico a un problema que requiere cirugía social: machismo estructural, fiscalías saturadas y jueces que subestiman la violencia.
¿Y si invertimos en prevenir en lugar de rastrear tragedias?
Basta de medidas que normalizan la amenaza en lugar de extinguirla. Urge:
✅ Educación de género obligatoria desde primaria.
✅ Alertas tempranas con inteligencia artificial en llamadas al 911.
✅ Penalización real para violadores de órdenes de alejamiento.
México no necesita más dispositivos para localizar cadáveres. Necesita evitar que los feminicidas sigan respirando impunidad.